IMPRESIONANTE CONDENA ECONÓMICA AL CONSISTORIO

Una tremenda sentencia puede provocar el colapso económico del Ayuntamiento de Talavera
Eldigitalcastillalamancha.es
19/11/2009 .


Tremenda resolución judicial contra el Ayuntamiento de Talavera. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia en la que condena al Ayuntamiento de Talavera a pagar la impresionante cantidad de 54 millones de euros a la constructora local Ucota, propiedad del conocido empresario Cándido Zamora, por un solar que en 1997 se recalificó como zona verde por acuerdo unánime municipal.

La importancia de esta cantidad se puede valorar si se tiene en cuenta que se trata de una cifra similar al presupuesto del Ayuntamiento talaverano de todo un año. En aquellos años, hasta 1999, era alcalde de Talavera el popular Florentino Carriches, aunque la decisión se tomó por unanimidad política de socialistas y populares.

El caso no ha llegado a los tribunales hasta que en el año 2005, siendo alcalde ya desde 1999 el socialista José Francisco Rivas, se rompe la negociación del Ayuntamiento con el constructor. El propio Rivas, ha sido el encargado este jueves de hacer pública la sorprendente sentencia judicial y ha explicado a los periodistas los antecedentes de la misma, al tiempo que ha anunciado que será recurrida ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento se colpasaría

De hacerse efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha equivaldría a pagar por ese terreno de 2.675 metros cuadrados situados junto a las vías del tren una cantidad similar al presupuesto municipal de todo el año.

José Francisco Rivas, visiblemente molesto durante toda la rueda de prensa, ha dicho que si se hiciera efectiva hoy esta sentencia la economía del Ayuntamiento de Talavera quedaría directamente colapsada. El presupuesto municipal no podría asumir bajo ningún concepto una condena multimillonaria como esta y el Ayuntamiento se arruinaría.

El solar en cuestión estaba calificado como suelo residencial y la corporación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 -aún en vigor- aprobó reclasificarlo como zona verde para beneficiar al barrio de La Piedad.

El alcalde se ha mostrado sorprendido por una sentencia tan contundente como esta y ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, en la esperanza de que pueda revocar un fallo así, todo un varapalo para la economía municipal.

CONDENA SIN PRECEDENTES

El alcalde de Talavera, muy enfadado, critica la sentencia
EDCM/Efe
19/11/2009 .


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado en una sentencia que el Ayuntamiento de Talavera debe pagar 54 millones de euros a una constructora local, Ucota, por un solar que en 1997 se recalificó como zona verde por acuerdo unánime municipal, tal como viene informando EL DIGITAL.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Francisco Rivas, visiblemente molesto, ha explicado hoy a los periodistas los antecedentes de esta sentencia, que ha anunciado que será recurrida ante el Tribunal Supremo.

De hacerse efectiva equivaldría a pagar por ese terreno de 2.675 metros cuadrados situados junto a las vías del tren una cantidad similar al presupuesto municipal de todo el año.

Ese solar, situado en la Rotonda de los Tres Olivos, junto a la piscina del barrio de La Piedad, estaba calificado como suelo residencial y la corporación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 -aún en vigor- aprobó reclasificarlo como zona verde para beneficiar al barrio de La Piedad.

Sentencia desproporcionada

Con semblante serio y acompañado por cuatro concejales del equipo de gobierno socialista, Rivas ha comparecido para calificar esta sentencia "desproporcionada" que ha dictado la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que fue conocida ayer por los servicios municipales.

El contencioso se remonta a 1997 cuando el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (gobernado por el PP y formado también por concejales del PSOE, IU y ACTAL -Acción por la Comarca de Talavera-) aprobó por unanimidad el PGOU, aún en vigor.

El PGOU establecía reclasificar un solar de 2.675 metros cuadrados situado en el barrio de La Piedad, junto a las vías del ferrocarril y al lado de una piscina municipal, y convertir un suelo residencial en zona verde.

Cándido Zamora, el propietario

La propietaria del solar es la constructora y promotora talaverana Ucota, propiedad del conocido empresario Cándido Zamora, con la que el Ayuntamiento intentó "con todas nuestras fuerzas", ha matizado el alcalde, alcanzar un acuerdo a cambio de dinero o trasladando el derecho de edificación a otra zona de la ciudad.

Las partes no llegaron a un acuerdo en 2005 y los servicios municipales cifraron en tres millones de euros el valor de la parcela, cantidad que no convenció a la constructora por lo que se elevó el caso al Jurado Regional de Expropiaciones que bajó todavía más el valor del terreno.

Las pretensiones de Ucota en ese momento eran "absolutamente inalcanzables" para el Ayuntamiento ya que pedía treinta millones de euros, según ha explicado el alcalde.

Demanda contra el Ayuntamiento

En julio de 2005 la constructora y promotora presentó una demanda contra el Ayuntamiento ante el TSJ de Castilla-La Mancha que ahora ha dictado sentencia cifrando en 54 millones de euros el valor de ese solar en el que acaba de construirse un parque infantil que está a punto de ser inaugurado.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado hoy presentar un recurso de casación ante el Supremo y designar al abogado Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo, para defender los intereses públicos.

"Vamos a pelear ante las instancias que sea ante la magnitud de esto", ha dicho José Francisco Rivas, quien ha añadido que es "inasumible" pagar esa cantidad y que UCOTA ya ha recibido (hace poco) los tres millones de euros fijados por la expropiación del terreno.

De hacerse efectivo este fallo, la ciudad "quedaría colapsada" porque se equipara el valor de un terreno al presupuesto municipal de un año o al coste total de la Ronda del Tajo, la carretera que circunvalará la ciudad y que está construyendo la Junta de Comunidades.

Rivas también ha incidido en que "no es cuestión de partidos ni de futuro electoral, sino de presente y futuro de una ciudad" y ha dicho que esta mañana se ha reunido con los portavoces de los dos grupos municipales para informarles de lo acontecido.

Alucinante...

Alucinante y vergonzoso, la verdad...

54 M€ / 2.675 m2 = 20.187 € / m2

:crazy:


PD: Y eso sin entrar en que, cuando se recalifican terrenos a urbanizables, normalmente el lucro es privado... pero si se hace a la inversa, el Ayuntamiento a soltar pasta para indemnizaciones :bash:

Qué asco de justicia, espero que no se haga realidad la sentencia

Todos los que entienden del tema o estan en contacto con los politicos aseguran que la sentencia será revisada porque ante todo e sun disparate.
El problema es que la nueva sentencia podria tardar varios años en producirse.Asique la incognita durará un tiempo.

La verdad es que la sentencia es increible,pero tampoco alcanzo a entender cómo pueden ocurrir estas cosas,hay que recordar que el comienzo del problema fue con el anterior gobierno,es decir,hace unos 12 años.En fin...

lo cierto esq negocio el ayuntamiento hasta 2005 en q rompieron las negociaciones...ofrecian 3 millones y pedian bastante mas

La nulidad del expediente elevó la expropiación de Ucota a precio de mercado
El TSJ ha sumado un 25 por ciento adicional a la valoración pericial del solar, que ascendía a 27,2 millones, por considerar nulo de pleno derecho el procedimiento del Ayuntamiento

http://www.latribunadetalavera.es/media/imagenes/1D47D1FF-1A64-968D-594FA5D76EB339C8.JPG
Manu Reino
C. S. Jara

El expediente que el Ayuntamiento de Talavera tramitó para la expropiación del solar situado en la confluencia de la avenida de Francisco Aguirre con la calle Segurilla, justo delante de la piscina de La Piedad, es nulo de pleno derecho. Esa es la razón sobre la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha fundamenta una desorbitada indemnización de 54 millones de euros a la empresa originalmente propietaria de los 2.675 metros cuadrados de terreno, Ucota, y cuyo pago conduciría a la bancarrota del Ayuntamiento.
La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, presidida por Raquel Iranzo Prades y fechada el 9 de noviembre, se notificó la pasada semana al Ayuntamiento, cuya Junta de Gobierno Local tomó el jueves el acuerdo de recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo y de designar como letrado al catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo.
En la sentencia, de 37 folios, se establece que el procedimiento de expropiación iniciado por el Consistorio de Talavera en octubre de 2004 es nulo porque no se habría cumplido con la legalidad que obliga a tener consignación presupuestaria para pagar la cantidad fijada como justiprecio.

Justiprecio de mercado. La nulidad tiene un efecto doblemente negativo para los intereses municipales, que acaba disparando el justiprecio del solar expropiado hasta la cifra de 34 millones de euros. Por una parte, la Sala entiende que al tratarse de un acto administrativo nulo no cabe acogerse a la valoración del Ayuntamiento, que se reducía a 2,7 millones de euros, sino que ésta debe realizarse ajustándose a precios de mercado. «La nulidad que se predica permite que la valoración se pueda realizar libremente, a precios de mercado, apoyándonos en este caso en la prueba pericial judicial que se ha practicado», cita literalmente la sentencia, facilitada por el TSJ.
Para fijar el justiprecio, los magistrados aceptan un dictamen pericial, calculado según el precio de mercado de 2004 en función de la edificabilidad que el solar había tenido reconocido antes de su recalificación como zona verde, y que asciende a 27,2 millones de euros.
Pero la nulidad tiene una segunda consecuencia perjudicial para los intereses municipales, ya que implica el incremento directo del 25 por ciento del precio a pagar. Eso añade otros 7 millones más al cálculo del justiprecio, al que además hay que sumar todavía los intereses legales generados desde febrero de 1998, la fecha en la que fue firme el Plan General de Ordenación Urbana que impidió a Ucota disponer del solar.
Por tanto, según el Tribunal la expropiación de los 2.675 metros cuadrados que hoy son un parque urbano ha de compensarse a los propietarios originales a precio de mercado de 2004, uno de los momentos álgidos del mercado inmobiliario, y con el abono de once años de intereses.
La Sala declara expresamente que se decanta por la fórmula más perjudicial para la administración expropiante y lo justifica: «Debe ser determinante de que los efectos de la declaración de nulidad en este caso se traduzcan en una indemnización sustancialmente muy superior, conforme al suplico de la demanda, en consideración a los graves daños que se ocasionan con los vicios o irregularidades cometidas de modo que sin retención de crédito presupuestario no se debió acometer la expropiación».
En sus fundamentos de derecho, el fallo alude además al tiempo que se toma la administración en iniciar el expediente de expropiación y, una vez hecho, en las demoras que se producen, entre ellas la del Jurado Regional de Valoraciones que no fija su justiprecio hasta junio de 2008.
«Desde aquella fecha tan lejana de 1-8-1997, debido a diversas causas en las que no son ajenas los procedimientos contenciosos entablados, el expediente se ha visto paralizado con el consiguiente perjuicio para el expropiado, al cual ya se le ha privado de todo aprovechamiento urbanístico del suelo consecuencia de su declaración de zona verde por el PGOU, y por si fuera poco, tampoco se le compensaba con el justiprecio de la expropiación». Los 54 millones de la sentencia parecen ahora una sobrada compensación.

Ucota está abierta a negociar a pesar de 3 intentos frustrados
“Es muy duro que te tengan 15 años sin darte solución, pero tampoco es agradable poner al Consistorio en la picota y ni mucho menos a la ciudad”


Natalia Tejero

Ucota está dispuesta a sentarse a negociar con el Ayuntamiento alternativas al pago de los 54 millones de euros al que le condena el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la expropiación de un solar situado en la confluencia de la avenida de Francisco Aguirre con la calle Segurilla, donde ahora se alza el parque de Los Tres Olivos. «Yo he ido siempre que me han llamado al Ayuntamiento y el ofrecimiento está hecho», aseguró ayer a La Tribuna el responsable de la empresa, Jesús Zamora, que cree que el fallo judicial no es un obstáculo para alcanzar ahora un acuerdo que se persigue desde el año 2004, a pesar de que ya ha habido tres intentos fallidos.
Zamora se refiere a «hacer justicia» para valorar la sentencia, pero admite que, aunque satisfactoria para los intereses de su empresa, le ha provocado una sensación contradictoria por la grave condena que conlleva para el Ayuntamiento: «Es una sensación agridulce. Por un lado es dulce, ves que se hace justicia, porque que te tengan 15 años sin darte solución es muy duro. Pero tampoco es agradable poner al Consistorio en la picota, y ni mucho menos a la ciudad».
La compañía permanece a la expectativa de que se produzca una negociación satisfactoria «para los intereses de la ciudad». Así se recoge en un comunicado que ha enviado a la prensa y que encabeza con una frase que resume este complicado asunto: «Un largo y arduo proceso de desposesión-expropiación».
Desde que el alcalde compareciera para informar de la sentencia, el jueves pasado, la compañía ha saltado a primera plana. «Contaba con ello, no me sorprende», señala Jesús Zamora, sobre la visión de Ucota que podría estar recibiendo la opinión pública debido a la condena millonaria. Sin embargo, el empresario defiende su papel: «Nosotros lo único que hemos recibido es justicia. Si por pedir justicia vas a ser un enemigo público y te van a poner de depredador...», afirma con resignación.
Ese sentimiento encontrado explica su voluntad de diálogo, que, no obstante, tampoco es nueva, tal y como han admitido las dos partes en litigio. En el comunicado remitido se señala que siempre se ha anhelado una solución extrajudicial y se lamenta que, por parte del Ayuntamiento, no se haya planteado una negociación factible, a pesar de que en los últimos cinco años las dos partes se sentaron para alcanzar un acuerdo en tres ocasiones. 2004 es el año en el que se inician las negociaciones para conseguir la compensación por el terreno, que pierde su calificación de edificable cuando en 1997 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo cataloga como zona verde. Sin embargo, la polémica por este terreno se remonta a 1989, año en el que Ucota todavía no tenía la propiedad.
El Ayuntamiento firma en aquella época dos convenios urbanísticos que permiten desarrollar las avenidas de Pío XII y Francisco Aguirre, la calle Paralela, una zona sin urbanizar en aquel momento, y la piscina municipal de La Piedad. Como contraprestación, la anterior propiedad recibe la parcela de Los Tres Olivos para construir 158 viviendas. En 1994, Ucota adquiere el solar, que un año después se ve sometido a la suspensión cautelar de licencias con motivo de la tramitación del PGOU, que contemplaba el cambio de clasificación del terreno. «La sorpresa fue mayúscula», recuerda ahora Zamora, que explica que tras la aprobación del Plan General llevan a los tribunales la solicitud de licencia de obra; se la deniega el TSJ, primero, y el Tribunal Supremo, después.

indemnización. Ucota sí consigue del recurso que se reconozca su derecho a la indemnización. El Ayuntamiento inicia el expediente de expropiación en 2004 y es a partir de ahí cuando comienza a negociarse la compensación por el terreno a través de un canje. El primer acuerdo fracasado llega, según el relato de Zamora, cuando estaba a punto de firmarse la permuta de una parcela en Villa Justina con una edificabilidad parecida a la expropiada. El comunicado de Ucota explica la razón del fracaso a última hora de la negociación: «La negativa del alcalde de asumir lo planteado por sus técnicos y su determinación de llevar el asunto a la valoración del Jurado Regional de Expropiaciones».
La empresa se queja de que, mientras tanto, el Ayuntamiento ofrece una valoración con un precio basado en ponencias catastrales de hace 13 años, con valores que están «tan desfasados» que el límite mínimo de revisión en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se establece en el 480 por cien.
Cuando se rechazan sus pretensiones, Ucota presenta el recurso ante el TSJ, aunque no se abandonan las negociaciones. Según la empresa, el segundo acuerdo que cae en saco roto llega cuando se les oferta un suelo situado en Reyes Católicos cuya edificabilidad atribuida no era ejecutable. Este hecho «se intentaba ocultar por los representantes del Ayuntamiento», afirma Ucota.
En el tercer intento de negociación que no fructifica se desecha el canje de terrenos por un trasvase de la edificabilidad atribuida a la parcela de Los Tres Olivos a unos terrenos propiedad de Ucota. La empresa tampoco considera aceptable esta alternativa por la complejidad de la operación. Si el Ayuntamiento tiene opciones jurídicas de recoger el guante lanzado por Ucota, se pondría sobre la mesa una cuarta posibilidad que podría ser la definitiva. «Los términos racionales es que nos sentáramos», brinda Zamora.

Camacho: «Hay ediles encarcelados por pagar más de lo que dicen los técnicos»
J. L. M.

El secretario local del PSOE en Talavera, José Miguel Camacho, calificó ayer de «desproporcionada y desmedida» la sentencia del Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condena al Ayuntamiento a pagar 54 millones de euros a la constructora Ucota por la expropiación de un solar de 2.675 metros cuadrados. En una concurrida rueda de prensa, Camacho tachó además la resolución judicial de «locura», ya que, a su juicio, es una decisión que «santifica la especulación más dura que pueda existir».
De igual forma, aseguró que el Gobierno local ha tenido un comportamiento ejemplar en todo este caso y recordó que los Servicios Jurídicos Municipales establecieron en su momento un precio para los terrenos que la empresa no aceptó, por lo que decidieron entonces recurrir al Jurado Regional de Valoraciones para que fijara de manera definitiva la cantidad que debía pagar el Consistorio. «Si el alcalde hubiera pagado un solo euro más de ese precio fijado, qué hubiese ocurrido», planteó José Miguel Camacho, resaltando al mismo tiempo que «hay alcaldes y concejales de Urbanismo que están en la cárcel por ir por encima de los precios que dicen los técnicos».

las ceuntas dicen q si se aplica la sentencia cada talaverano tendria q pagar 1200€ :bash:

Pues nada, que la empresa se quede con los 2.675m y el jardín lo hagan en otro sitio!!!!

Pues nada, que la empresa se quede con los 2.675m y el jardín lo hagan en otro sitio!!!!

esq ya esta hecho el jardin hace tiempo...el problema esq no es una solucion q se contemple...han ofrecido suelo en otras zonas y no han aceptado...es q les ha gustado mucho la sentencia porq el ayuntamiento ofrecia solo 3 millones de € q es lo q acordo el pleno y el suelo ofrecido no se cual seria pero no esta ahora UCOTA para construir demasiado porq ha despedido mucha gente sobre todo en la empresa principal q es la ladrillera ZAMORA, a la q por otro lado se qiere expropiar parte de la fabrica porq pasa la variante de la N-502 por al lado...por otro lado la zona donde esta el parque es de las mas baratas de talavera, no tiene expecial valor

Rivas asegura que intentará buscar un acuerdo con Ucota
«De haber actuado como si el chiringuito fuera mío se me estaría acusando de algo mucho más grave y mucho más duro»

latribunadetalavera.es

Con reglas del juego rígidas y un abismo que separa de antemano la postura de ambas partes, el Ayuntamiento de Talavera está abierto a buscar con la empresa Ucota una solución extrajudicial a la expropiación del solar del parque de los Tres Olivos, por el que se ha impuesto al Consistorio el pago de 54 millones de euros. El alcalde, José Francisco Rivas, tomó ayer postura de forma clara ante el ofrecimiento lanzado en días pasados por los responsables de Ucota; no sólo lo aceptó, sino que dijo que nunca se había retirado de esa posibilidad. En declaraciones a varios medios de comunicación, previas a la inauguración del X Curso de Actualización de Cirugía, recogidas por Onda Cero, Rivas afirmó al respecto: «Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir buscando posibilidades de acuerdo, pero no olvidemos que hay una sentencia sobre la mesa».
De esta forma, el alcalde situaba en un plano de realidad las posibilidades de que una nueva negociación pueda desembocar en acuerdo, cuando se parte de posiciones tan dispares y recordaba que el Ayuntamiento está sujeto a las valoraciones que han realizado los técnicos. «Hay unos valores, unas valoraciones y unas posibilidades en las que un responsable público debe moverse, que no son otras que los informes que desde el punto de vista jurídico, técnico y económico se establecen por ley y es donde me he movido», declaraba el alcalde.

reglas del juego. Para Rivas, el Ayuntamiento está sometido en este asunto a unos márgenes muy estrechos para negociar, mientras que la distancia entre las posiciones de ambas partes es muy grande. En este sentido, cabe recordar que la valoración de los técnicos municipales sitúa el precio de la expropiación en 2,8 millones, en la línea de lo dictaminado también por el Jurado Regional de Valoraciones, mientras que la petición planteada judicialmente por Ucota asciende a 37 millones de euros.
Las reglas del juego a las que se refería ayer el alcalde se extiende también a la posibilidad de compensar a Ucota por medio de una permuta de suelo o de un canje de edificabilidad que, en cualquier caso, también tendría que estar sometido a las preceptivas evaluaciones.
No ocultó José Francisco Rivas su malestar con las acusaciones de inacción e incapacidad de que ha sido objeto por parte del PP y además de afirmar que lo habitual en sus mandatos ha sido llegar a acuerdos urbanísticos -«hemos acordado en cantidad ingente de ocasiones, ésta es la excepción», dijo-, rechazó los argumentos que se han ofrecido. «Probablemente de haber actuado como si el chiringuito fuera mío, se estarían frotando las manos, porque a estas alturas no se me pediría que hiciera no sé qué cosa para cerrar un acuerdo, sino se me estaría acusando verdaderamente al margen de las reglas del juego», declaró Rivas, para añadir: «Y por tanto, se me estaría acusando y de qué manera, de algo mucho más grave y mucho más duro».
El alcalde defendió el diálogo como una de las señas de identidad de su gobierno y se mostró dispuesto a que se entablen conversaciones con Ucota: «El interés general por un lado, y la responsabilidad pública, por otro, delimitan y limitan el campo de juego».

Corrochano asegura que la ley garantiza que no se paralicen los servicios básicos
J. M. / Talavera

El subdelegado del Gobierno, Javier Corrochano, valoró ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condena al Ayuntamiento a pagar 54 millones de euros a la constructora UCOTA. «Tengo preocupación por una valoración que pudiera ser errónea», señaló el antiguo alcalde de Talavera, quien quiso dar un mensaje tranquilizador y aseguró que los servicios básicos están garantizados a pesar de que pueda haber una gran indemnización.
«No se ha valorado el suelo que fue lo expropiado, porque si fuera así estaría al precio de la séptima avenida de Nueva York», ironizó. En este sentido, señaló que los jueces han hecho el cálculo con la hipótesis de unas viviendas ya construidas. «Espero que el Tribunal Supremo lo aclare», mencionó.

sin dramatismo. En este sentido, el subdelegado manifestó que quiere restar «dramatismo» al posible pago de 54 millones de euros de las arcas porque no supondrá la eliminación de servicios de carácter básico. «Una sentencia no puede paralizar la vida de una ciudad», dijo.
Así, explicó que los tribunales deben marcar una cantidad que no represente un perjuicio para los servicios públicos de la localidad. «Me imagino que los tribunales marcarían una cantidad que no pudiera colapsar ni embargar las nóminas de los funcionarios, ni los servicios de agua ni de Policía Local ni transportes público», comentó. Así, recordó que la Ley de Base de Régimen Local fija estos servicios como obligatorios a los ayuntamientos.
De esta manera, añadió que el Ayuntamiento tendría que extraer la cantidad para pagar la condena del superávit de los presupuestos o del patrimonio público municipal. «Deseo que el Tribunal Supremo reconduzca las valoraciones», apostilló.
Asimismo, Javier Corrochano lanzó un mensaje a la oposición y subrayó que no se debe sacar «rédito» político porque las decisiones se han adoptado por unanimidad de los grupos políticos. «Quien ahora aboga por la negociación, qué hubiera hecho si el alcalde por su cuenta hubiera negociado y pagado un millón más de la valoración de los técnicos», indicó. «El alcalde hizo lo que tenía que hacer», manifestó en apoyo a Rivas.