Panasky
April 4th, 2010, 07:25 PM
Sede de PN, a área boscosa
El Ministerio de Economía y Finanzas afina un proyecto para mudar la sede de la Policía. La primera opción han sido los bosques de un parque.
AMENAZA. De concretarse la idea del gobierno, de construir la sede de la Policía Nacional en tierras del Parque Natural Metropolitano, un área boscosa como la que se aprecia en esta foto se destruiría. Los grupos conservacionistas se organizan a favor del área protegida.
CORTESÍA /Fundación Albatros1356538
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com
“Reservar en la ciudad de Panamá un área natural que contribuya a mantener el equilibrio entre el medio natural y su hábitat urbano en particular, a fin de prevenir la contaminación y propiciar un ambiente sano” fue el objetivo por el que se aprobó, en 1985, la Ley 8, que establece el Parque Natural Metropolitano como un área protegida.
Doce años después, la realidad es otra.
Primero fue el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezado en su momento por Ernesto Pérez Balladares, que en 1995 vio en esa área protegida un estorbo para el desarrollo del Corredor Norte y, al final, logró que la ley se modificara para permitir la construcción de la vía.
En 2010, es el gobierno del “cambio”, liderado por los partidos Cambio Democrático y Panameñista, el que enfila su artillería legal y administrativa para hacer uso de otra parte de esas tierras. Esta vez, para construir una nueva sede para la Policía Nacional (PN).
Fuentes de grupos conservacionistas informaron que las intenciones del gobierno fueron comunicadas a los administradores del parque por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), el panameñista Alberto Vallarino y que la Unidad de Bienes Revertidos del MEF ha pedido que le entreguen los contratos de concesión que tiene el parque con las empresas que alquilaron las instalaciones que tenía el ejército de Estados Unidos en el área – como el Club Ecuestre Metropolitano–, las cuales representan el 40% de sus ingresos.
LISTOS PARA PELEAR
No solo el ministro Vallarino se ha reunido con los administradores del parque, también lo han hecho grupos conservacionistas y gremios empresariales –como la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede)–, aunque las intenciones de estos últimos son muy diferentes a las del gobierno. Empresarios y conservacionistas acordaron no ceder “ni un centímetro” del área protegida para la iniciativa que abandera el MEF.
Hasta el momento no hay nada concreto sobre el proyecto. Sin embargo, información extraoficial a la que han tenido acceso los ambientalistas indica que la zona a la que aspira echar mano el gobierno comprende unas 10 hectáreas ubicadas entre la Avenida Juan Pablo II y el Corredor Norte (ver infografía).
El rechazo de los gremios y las organizaciones no gubernamentales que protegen el ambiente no es el único escollo que enfrentará el gobierno, también deberá resolver el tema legal. La Ley 8 del 5 de julio de 1985, que crea el parque, prohíbe construcciones de obras civiles.
Los conservacionistas están conscientes de que este obstáculo es fácil de superar, ya que el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional y, tal como ocurrió durante la administración Pérez Balladares, podría modificar la ley sin problemas.
Las primeras voces en contra empiezan a escucharse. Alejandro Balaguer, director general de la Fundación Albatros Media, consideró que la iniciativa es la reafirmación del apetito que se tiene por esas tierras.
La construcción de una nueva sede de la Policía en la zona es solo la “punta del iceberg” de lo que puede ocurrir. “Hoy es la Policía, mañana es un proyecto inmobiliario”, enfatizó.
Lo que veo es una locura porque se trata de “militarizar” un área protegida, habiendo otros lugares en los que se puede ubicar esa sede, dijo Balaguer.
Rubén Castillo, presidente de Apede, aseguró que el gremio defenderá la integridad del Parque.
Argumenta que se deben buscar otras alternativas antes de pensar en la destrucción de esta área protegida. “La construcción tendrá un severo impacto sobre el parque”, advirtió.
La lista de grupos que se oponen a otra nueva intervención en las tierras del Parque Metropolitano la integran, además, The Nature Conservacy (TNC) y el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam). Para Mayté González, directora de TNC, la iniciativa es un reflejo de que no existe una política ambiental en el país.
Alegó que la iniciativa gubernamental no se debe ver solo desde la perspectiva ambiental, sino también desde el punto de vista de la planificación. “En términos catastrales es una zona que se valoriza cada día que pasa, pero no podemos ver esa valorización sin el servicio ambiental que ofrece”, aclaró.
González coincide con Balaguer en el sentido de que “hoy es la Policía y mañana es un proyecto urbanístico”.
Félix Wing, director legal de Ciam y ex director del parque, consideró que la construcción del Corredor Norte, atravesando el área protegida fue deliberada, para que poco a poco el parque fuera perdiendo tierra.
Ciam ha iniciado una campaña denominada “Ni un árbol menos” y con esa consigna se apresta a defender esta zona, considerada el pulmón de la ciudad.
Balaguer va un poco más allá. Alerta que devastar el bosque del parque ocasionará un aumento en la temperatura de la capital.
ANAM Y MEF DICEN NO SABER DEL PROYECTO
Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), dijo a este medio que hasta la fecha no ha recibido solicitud formal alguna de la iniciativa del gobierno.
Preguntado sobre su posición ante este tema y si la Anam estaría en capacidad de defender el parque contestó: “¿Por qué no? Estamos facultados por ley para hacerlo y el gobierno está dando claras señales de escuchar nuestras sugerencias. Prueba de esto es que el presidente me ha invitado a participar de las reuniones de Gabinete”.
Consultada sobre la iniciativa del MEF, Liriola Pittí, jefa de la Unidad de Bienes Revertidos, contestó: “En este momento no he recibido una solicitud formal para ello. Si es en parque nacional el que lo autoriza es Anam; si es en áreas revertidas es mi responsabilidad y cuando llegue me haré responsable de la decisión que se tome”.
Pittí recalcó que a menos que haya un cambio en la ley y el plan de uso de suelos esa porción [el Parque Metropolitano] no puede usarse. “Mientras la ley no cambie no podemos usar áreas que son parque nacional”, reiteró.
La administradora del Parque Metropolitano, Dionora Víquez, ha guardado silencio. Aunque se comprometió a conceder una entrevista, la canceló, alegando que espera la autorización del patronato, que preside el alcalde capitalino, el arnulfista Bosco R. Vallarino.
Se intentó obtener la versión del alcalde, pero no se le pudo localizar. Su equipo de relaciones públicas informó que esta semana, posiblemente, respondería.
El 3 de julio de 2009, recién asumía su mandato, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció que su gobierno daría una serie de beneficios para los casi 20 mil hombres que componían la Fuerza Pública, entre ellos, supermercados, equipos técnicos, aumento de salarios y barriadas para residir, para evitar que tuvieran que convivir con los maleantes a los que luego debían apresar.
LA TELARAÑA JURÍDICA DEL AMBIENTE
Que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté impulsando la construcción de una nueva sede de la Policía Nacional dentro del Parque Nacional Metropolitano es un mal presagio para el ambiente. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es representada ante el Ejecutivo por el MEF, de acuerdo con la Ley 41 de 1998, que creó la Anam.
Esto le permite al Ministro de Economía y Finanzas presentar ante el Consejo de Gabinete una iniciativa legislativa para modificar la ley del Parque Nacional Metropolitano y de paso permitir la construcción de la nueve sede. Jorge Mitchell, ex director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que esa posibilidad legalmente es viable.
Sin embargo, consideró que la Ley 41 también le confiere a la Anam herramientas legales para oponerse a una iniciativa como esta, con informaciones técnicas y científicas sobre la necesidad de conservación de la zona. “La Anam, por ley, no solo está obligada a conservar la biodiversidad, sino a recuperarla”, indicó.
El Ministerio de Economía y Finanzas afina un proyecto para mudar la sede de la Policía. La primera opción han sido los bosques de un parque.
AMENAZA. De concretarse la idea del gobierno, de construir la sede de la Policía Nacional en tierras del Parque Natural Metropolitano, un área boscosa como la que se aprecia en esta foto se destruiría. Los grupos conservacionistas se organizan a favor del área protegida.
CORTESÍA /Fundación Albatros1356538
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com
“Reservar en la ciudad de Panamá un área natural que contribuya a mantener el equilibrio entre el medio natural y su hábitat urbano en particular, a fin de prevenir la contaminación y propiciar un ambiente sano” fue el objetivo por el que se aprobó, en 1985, la Ley 8, que establece el Parque Natural Metropolitano como un área protegida.
Doce años después, la realidad es otra.
Primero fue el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezado en su momento por Ernesto Pérez Balladares, que en 1995 vio en esa área protegida un estorbo para el desarrollo del Corredor Norte y, al final, logró que la ley se modificara para permitir la construcción de la vía.
En 2010, es el gobierno del “cambio”, liderado por los partidos Cambio Democrático y Panameñista, el que enfila su artillería legal y administrativa para hacer uso de otra parte de esas tierras. Esta vez, para construir una nueva sede para la Policía Nacional (PN).
Fuentes de grupos conservacionistas informaron que las intenciones del gobierno fueron comunicadas a los administradores del parque por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), el panameñista Alberto Vallarino y que la Unidad de Bienes Revertidos del MEF ha pedido que le entreguen los contratos de concesión que tiene el parque con las empresas que alquilaron las instalaciones que tenía el ejército de Estados Unidos en el área – como el Club Ecuestre Metropolitano–, las cuales representan el 40% de sus ingresos.
LISTOS PARA PELEAR
No solo el ministro Vallarino se ha reunido con los administradores del parque, también lo han hecho grupos conservacionistas y gremios empresariales –como la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede)–, aunque las intenciones de estos últimos son muy diferentes a las del gobierno. Empresarios y conservacionistas acordaron no ceder “ni un centímetro” del área protegida para la iniciativa que abandera el MEF.
Hasta el momento no hay nada concreto sobre el proyecto. Sin embargo, información extraoficial a la que han tenido acceso los ambientalistas indica que la zona a la que aspira echar mano el gobierno comprende unas 10 hectáreas ubicadas entre la Avenida Juan Pablo II y el Corredor Norte (ver infografía).
El rechazo de los gremios y las organizaciones no gubernamentales que protegen el ambiente no es el único escollo que enfrentará el gobierno, también deberá resolver el tema legal. La Ley 8 del 5 de julio de 1985, que crea el parque, prohíbe construcciones de obras civiles.
Los conservacionistas están conscientes de que este obstáculo es fácil de superar, ya que el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional y, tal como ocurrió durante la administración Pérez Balladares, podría modificar la ley sin problemas.
Las primeras voces en contra empiezan a escucharse. Alejandro Balaguer, director general de la Fundación Albatros Media, consideró que la iniciativa es la reafirmación del apetito que se tiene por esas tierras.
La construcción de una nueva sede de la Policía en la zona es solo la “punta del iceberg” de lo que puede ocurrir. “Hoy es la Policía, mañana es un proyecto inmobiliario”, enfatizó.
Lo que veo es una locura porque se trata de “militarizar” un área protegida, habiendo otros lugares en los que se puede ubicar esa sede, dijo Balaguer.
Rubén Castillo, presidente de Apede, aseguró que el gremio defenderá la integridad del Parque.
Argumenta que se deben buscar otras alternativas antes de pensar en la destrucción de esta área protegida. “La construcción tendrá un severo impacto sobre el parque”, advirtió.
La lista de grupos que se oponen a otra nueva intervención en las tierras del Parque Metropolitano la integran, además, The Nature Conservacy (TNC) y el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam). Para Mayté González, directora de TNC, la iniciativa es un reflejo de que no existe una política ambiental en el país.
Alegó que la iniciativa gubernamental no se debe ver solo desde la perspectiva ambiental, sino también desde el punto de vista de la planificación. “En términos catastrales es una zona que se valoriza cada día que pasa, pero no podemos ver esa valorización sin el servicio ambiental que ofrece”, aclaró.
González coincide con Balaguer en el sentido de que “hoy es la Policía y mañana es un proyecto urbanístico”.
Félix Wing, director legal de Ciam y ex director del parque, consideró que la construcción del Corredor Norte, atravesando el área protegida fue deliberada, para que poco a poco el parque fuera perdiendo tierra.
Ciam ha iniciado una campaña denominada “Ni un árbol menos” y con esa consigna se apresta a defender esta zona, considerada el pulmón de la ciudad.
Balaguer va un poco más allá. Alerta que devastar el bosque del parque ocasionará un aumento en la temperatura de la capital.
ANAM Y MEF DICEN NO SABER DEL PROYECTO
Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), dijo a este medio que hasta la fecha no ha recibido solicitud formal alguna de la iniciativa del gobierno.
Preguntado sobre su posición ante este tema y si la Anam estaría en capacidad de defender el parque contestó: “¿Por qué no? Estamos facultados por ley para hacerlo y el gobierno está dando claras señales de escuchar nuestras sugerencias. Prueba de esto es que el presidente me ha invitado a participar de las reuniones de Gabinete”.
Consultada sobre la iniciativa del MEF, Liriola Pittí, jefa de la Unidad de Bienes Revertidos, contestó: “En este momento no he recibido una solicitud formal para ello. Si es en parque nacional el que lo autoriza es Anam; si es en áreas revertidas es mi responsabilidad y cuando llegue me haré responsable de la decisión que se tome”.
Pittí recalcó que a menos que haya un cambio en la ley y el plan de uso de suelos esa porción [el Parque Metropolitano] no puede usarse. “Mientras la ley no cambie no podemos usar áreas que son parque nacional”, reiteró.
La administradora del Parque Metropolitano, Dionora Víquez, ha guardado silencio. Aunque se comprometió a conceder una entrevista, la canceló, alegando que espera la autorización del patronato, que preside el alcalde capitalino, el arnulfista Bosco R. Vallarino.
Se intentó obtener la versión del alcalde, pero no se le pudo localizar. Su equipo de relaciones públicas informó que esta semana, posiblemente, respondería.
El 3 de julio de 2009, recién asumía su mandato, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció que su gobierno daría una serie de beneficios para los casi 20 mil hombres que componían la Fuerza Pública, entre ellos, supermercados, equipos técnicos, aumento de salarios y barriadas para residir, para evitar que tuvieran que convivir con los maleantes a los que luego debían apresar.
LA TELARAÑA JURÍDICA DEL AMBIENTE
Que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté impulsando la construcción de una nueva sede de la Policía Nacional dentro del Parque Nacional Metropolitano es un mal presagio para el ambiente. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es representada ante el Ejecutivo por el MEF, de acuerdo con la Ley 41 de 1998, que creó la Anam.
Esto le permite al Ministro de Economía y Finanzas presentar ante el Consejo de Gabinete una iniciativa legislativa para modificar la ley del Parque Nacional Metropolitano y de paso permitir la construcción de la nueve sede. Jorge Mitchell, ex director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que esa posibilidad legalmente es viable.
Sin embargo, consideró que la Ley 41 también le confiere a la Anam herramientas legales para oponerse a una iniciativa como esta, con informaciones técnicas y científicas sobre la necesidad de conservación de la zona. “La Anam, por ley, no solo está obligada a conservar la biodiversidad, sino a recuperarla”, indicó.