Facultad para intervenir teléfonos [Archive]

CHI3

August 15th, 2009, 03:43 PM

¿Quién interviene y por qué?

Un fiscal contó que ya las telefónicas facilitan datos, sin necesidad de que la Corte lo autorice.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La intención del gobierno de obligar a las telefónicas a conservar los datos de sus clientes y usuarios, ha traído a discusión –una vez más– el tema de los “pinchazos”.

No obstante, esta práctica se viene dando, de manera autorizada, por lo menos desde la década pasada.

Pero, ¿quién interviene?

La Ley 13 de 1994 fue la primera en introducir la intercepción y grabación de conversaciones telefónicas, como una herramienta “novedosa” en la lucha contra el narcotráfico. La Constitución Política de la época ya permitía las escuchas, previa orden de la “autoridad competente”, que en ese caso podía ser el Ministerio Público, pero la Ley 13 reglamentó que ello recaía en el Procurador de la Nación exclusivamente, y no en los fiscales.

En 2004, la Constitución Política es modificada. Se cambia la frase “autoridad competente” por “autoridad judicial”. La Ley 13, en la práctica, quedó en el limbo. Entonces en agosto de 2007, salió un fallo de la Corte Suprema que declaró que la procuradora Ana Matilde Gómez no tiene facultad para intervenir teléfonos –en este caso, los del ex fiscal Arquimedes Sáez–, ya que ello es violatorio del artículo 29 de la Constitución.

Desde entonces, la facultad de interceptar llamadas la maneja la Sala Penal de la Corte, “siempre que venga del Ministerio Público, de las fiscalías de drogas o de fiscalías con mando y jurisdicción en varias provincias”, precisó la magistrada Esmeralda de Troitiño, presidenta de la referida Sala.

Troitiño señaló que actualmente se reciben “entre cuatro y cinco solicitudes al mes”, de parte del Ministerio Público, para efectuar intervenciones telefónicas en casos relacionados con secuestros y tráfico de drogas, entre otros. Las escuchas son autorizadas por un periodo de 15 días y, al final, se debe remitir a la Corte un resumen de la información obtenida y cuál será su uso.

Ahora, esa potestad podría cambiar de manos. Una vez más.

Lo que pide Martinelli

El primer borrador aprobado por el Gabinete de Ricardo Martinelli –el 4 de agosto pasado–, de la autoría del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y del secretario de Seguridad, José Almengor, dicta que todas las empresas telefónicas tienen el “deber” de proporcionar a los agentes del Ministerio Público, o autoridades jurisdiccionales, todos los datos que se requieran para la investigación, detención y enjuiciamiento de las conductas consideradas delitos por el código penal.

Entre esos “datos” están los registros necesarios para identificar a los usuarios de los teléfonos –fijos y celulares– e internet; el origen y destino de las comunicaciones, su fecha, hora y duración, y la localización geográfica de los equipos.

Pero eso cambió.

Toda mención específica del Ministerio Público (MP) desapareció en el segundo proyecto aprobado por el Gabinete –el 11 de agosto–, esta vez trabajado por el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino. Este es el proyecto que finalmente llegó a la Asamblea.

El proyecto de Mulino dicta que las telefónicas están obligadas a dar la información, “previo mandato de la autoridad judicial”.

El abogado Miguel Antonio Bernal pronosticó una disputa con el MP, “porque ellos entienden que son autoridad judicial”. De hecho, ese reconocimiento también se lo dio Adán Arjona, quien salvó su voto en el fallo que hace dos años dictó que la Procuradora no tenía autoridad para “pinchar” a Sáez.

“Mientras no se diga taxativamente cuál es el proceso que hay que seguir, eso abre las puertas para que cualquier pelafustán pueda intervenir”, opinó.

Una fuente del Ministerio Público contó que hoy día, si un juez o fiscal pide información sobre el usuario de una línea telefónica –salvo los prepagos, claro está–, la ubicación de las antenas utilizadas y los registros de las llamadas entrantes, salientes y perdidas, la obtiene de parte de las empresas telefónicas. “No es necesario irse a la Corte Suprema”, dijo.

“Lo de la intercepción y grabación de las llamadas, es otro asunto completamente diferente”, remarcó.

El celular, visto como un arma

La iniciativa de regular el uso de celulares prepagos no es exclusiva del Gobierno panameño.

En España –país que por casi cinco décadas ha librado una lucha contra la organización terrorista ETA– desde noviembre de 2007, todo el que adquiría una tarjeta prepago, tenía que mostrar algún documento de identidad. Los que hicieron la compra antes de esa fecha, tienen hasta el 9 de noviembre para facilitar sus datos personales. Si no lo hacen, sus tarjetas serán automáticamente desactivadas.

Esto sucede, luego de que el Congreso aprobó una ley que regula la tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, obligando a los operadores a llevar un registro en el que conste la identidad de sus clientes, para que así la Policía pueda conocer quiénes son los titulares en el marco de una investigación. Igual a lo que se proponen hacer en Panamá.

Lo malo para España, es que la entrada en vigor de la normativa no ha evitado que los criminales puedan usar teléfonos adquiridos en países vecinos –como Marruecos–, donde no es obligatorio identificarse.

En Costa Rica, país que recién en abril de 2008 autorizó la venta de prepagos, ya existe un proyecto para conservar –por 12 meses– los datos de los usuarios de teléfonos e internet. El proyecto está en estudio por parte de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea tica.

En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto el año pasado que dicta que para adquirir un celular, hay que registrar hasta la huella digital.

En Nueva Delhi, India, son más rigurosos: hasta foto carné le toman a los compradores de prepago.

En otros países sucede lo contrario. El Senado chileno acaba de rechazar una propuesta similar a la que se promueve en Panamá, mientras que en Estados Unidos, los prepagos se pueden adquirir hasta en supermercados y tiendas como Target, sin mostrar documento de identidad alguno.