A propósito del PGOM de Coruña
¿Puede ser garantía de un préstamo hipotecario un piso de un edificio en fuera de ordenación?, ¿pierde valor económico?, ¿Están los Planes especiales fuera del control ciudadano? Si hay un incendio en un edificio en fuera de ordenación, ¿actúan los bomberos?, ¿Es posible que mi edificio se quede sin servicios básicos (luz, agua, saneamiento) por estar en fuera de ordenación?... Decenas de preguntas que se agolpan en estos días en referencia a algunos aspectos del PGOM de Coruña.
Recelos, temores, inquietudes, incertidumbres, inseguridades. Es lo que estamos trasladando a la opinión pública coruñesa como resultado de una campaña de información, lanzada por el Partido Popular, acerca de un documento que debe de marcar los parámetros de nuestra ciudad para el próximo cuarto de siglo. De esta forma, se va haciendo poco creíble el pacto por el territorio que yo mismo destacaba como muy positivo, casi histórico, la semana pasada desde esta misma columna.
Opino que el debate político acerca de un PGOM es lícito, legítimo y necesario. Pero también creo que el debate ha de ser serio y riguroso y que debe centrarse en los objetivos sustantivos de dicho Plan, en la configuración del modelo de ciudad que se ponga sobre la mesa y no sobre aspectos técnicos que lleven a la confusión, a la inseguridad jurídica y al temor infundado a nuestros convecinos. El ayuntamiento, la institución municipal, con unos o con otros gobernantes, actúa y representa el interés común. Traslada a la ciudadanía confianza y seguridad en la defensa de los valores públicos. Así debe de seguir siendo: manipular las instituciones, vilipendiarlas, es socavar los cimientos democráticos de los que nos hemos dotado.
En román paladino, el “régimen de fuera de ordenación” es un régimen legal que todos los Planes están obligados a regular –en los casos de los edificios que no se ajusten totalmente a su norma general o particular–, estableciendo el régimen jurídico de los construidos con anterioridad a las nuevas normas. Ésta situación puede venir motivada por muchas causas: exceso de alturas, exceso de edificabilidad, no estar ajustados a las normas de protección de patrimonio histórico, a otra normativa sectorial: de carreteras, de costas, de ordenación del litoral, etc.), no ajustarse al Código Técnico de la Edificación, o a las Normas de Hábitat. En definitiva, desajustes que se van produciendo, a lo largo del tiempo, en relación a nueva legislación que se va promulgando.
Siguiendo lo señalado en la vigente Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, los planes han de determinar qué obras de mejora, ampliación o reforma se podrán autorizar en esos edificios. En el caso de A Coruña, en el PGOM en trámite, se optó por establecer un régimen de fuera de ordenación (más permisivo que el de otros Planes aprobados recientemente en Galicia), consistente en procurar que los edificios que se encuentren en esa situación se conserven correcta y preventivamente, pudiendo autorizarse en ellos rehabilitaciones, reestructuraciones, reformas y cambios de usos.
Por tanto, ¡sentidiño! No se van a derribar edificios ni plantas legalmente construidos, los pisos pueden ser objeto de préstamos hipotecarios (siguiendo el Decreto 716/2009), los bomberos actuarán siempre en la medida de sus posibilidades técnicas y los edificios nunca se quedarán sin servicios. También es bueno precisar que el PGOM fija los parámetros exigidos legalmente para los llamados “planes especiales”, quedando, por tanto, sometidos al planeamiento general y al control ciudadano porque también tienen su fase de exposición pública.
No obstante, ante la intranquilidad generada entre los ciudadanos, el Gobierno Municipal ha anunciado, y tenemos que creerlo, que tomará la inmediata decisión de que “en el documento que se someta a aprobación provisional, no figurará ningún edificio existente, lícitamente construido, en situación de fuera de ordenación parcial por razón de su altura o de su volumetría, de modo que, además de todas las obras indicadas, la altura o la volumetría no serán obstáculo para que el nuevo PGOM autorice que estos edificios puedan ser objeto de derribo y ser reconstruídos con el mismo número de alturas o con el mismo volumen existente”.
No quisiera dejar pasar la oportunidad que se me ofrece para afirmar que el Plan que se somete a aprobación inicial es el plan de la mayor información, difusión y participación ciudadana (prueba de ello será el número de alegaciones tomadas en consideración frente al número de alegaciones presentadas), es el plan que atiende a las nuevas formas de desarrollo urbano y económico, el que favorece la rehabilitación residencial, el que analiza y da soluciones a las distintas formas de asentamiento poblacional, el que diversifica la movilidad, el que vertebra en la ciudad una estructura de servicios metroplitanos (sanidad, educación, administración, transportes...), el que promueve un desarrollo sostenible, el plan que sistematiza el conjunto de equipamientos, el que reordena los espacios portuarios y el que hace posible una nueva estación intermodal.
El Plan ha previsto un número limitado y razonable de nuevas viviendas principales (27.080), indicando que, como mínimo, el 40% de las viviendas previstas en suelos urbanos no consolidados y urbanizables, estén sujetas a algún régimen de protección pública. El Plan prevé que los sistemas generales públicos se incrementen en un 170%.
Como muy bien ha señalado el Colegio Oficial de Arquitectos, este Plan General probablemente será nuestra última oportunidad para lograr una ciudad más habitable, más humanizada y más metropolitana. ¡Que no es poco!