Bueno suena preocupante, no me gustaría ver edificiones huachafos por toda la ciudad, es mejor crecer en orden y despacio que rápido y de manera caótica.
Concejo metropolitano se enfrenta al Ejecutivo por control de habilitaciones
Concejo metropolitano se enfrenta al Ejecutivo por control de habilitaciones
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Municipalidad rechaza los dos decretos que flexibilizan el trámite. Urbanistas opinan que reducir pasos podría promover desorden urbano
Con la intención de promover la construcción de viviendas, en especial en la zona industrial de Lima y Callao (avenida Argentina y alrededores), donde existen 900 hectáreas que pueden ser destinadas para la construcción de 116.000 departamentos, el Ministerio de Vivienda dio dos decretos supremos que reducían la competencia de las municipalidades en los procesos de habilitación urbana. En respuesta, la Municipalidad de Lima acordó, en sesión de regidores del jueves, reiterar mediante una ordenanza que siguen vigentes sus disposiciones que regulan dichos procesos en toda su jurisdicción. Incluso, la directora municipal de Desarrollo Urbano de Lima, Gisell Zegarra, señaló que los dos decretos supremos eran írritos (nulos) porque vulneran el mandato de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, aseguró que no había habido ningún diálogo entre su concejo y el ministerio para modificar la regulación del proceso de las habilitaciones. Explicó que, en contra de lo que establecían las cuestionadas normas del Ejecutivo, no habrá habilitación automática para los predios que están en zonas urbanas, y que el Concejo de Lima seguirá ratificando los procesos de habilitación que aprueben las municipalidades distritales. Asimismo, explicó que el concejo provincial autorizaba las habilitaciones distritales, previo mandato de la zonificación, el cual considera el respeto de las vías y los aportes para ampliar las áreas de los parques y jardines.
ESTÁ DE ACUERDO A LEY
Antes de conocerse la decisión municipal, el viceministro de Vivienda, Guido Valdivia, aseguró que los decretos supremos fueron dados en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, que retiró la facultad a los concejos provinciales de ratificar habilitaciones dadas por las comunas distritales. Asimismo, advirtió que los excesivos trámites en la habilitación desalentaban la formalidad y era una de las causas del crecimiento urbano de muchas ciudades. Sin embargo, una vez conocida la dación de la ordenanza, el Ministerio de Vivienda prefirió no opinar, sino hasta después de consultar con sus abogados.
RIESGO PARA LA CIUDAD
Al margen del enfrentamiento legal entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima, el ex viceministro de Vivienda Luis de las Casas y el ingeniero urbanista Luis Morante advirtieron que las normas del Ejecutivo acarrean un serio riesgo para la ciudad: el del crecimiento desordenado y va en contra del plan urbanístico que puedan tener los gobiernos locales. De las Casas consideró que con los nuevos decretos supremos podrían obtener una habilitación automática terrenos que no cuenten con los debidos procesos de urbanización, servicios adecuados y que no respeten la planificación vial de la ciudad. Prueba de ello, agregó, es que Lima ha crecido sin que se considere un sistema vial eficiente.
Por su parte, Morante consideró que con las normas del Ejecutivo los concejos perdían la facultad de organizar la ciudad. "Yo, como constructor, la habilito y decido la zonificación. Además, hay arquitectos que lo único que piensan es en el edificio grande y bonito y no piensan en que hay que hacer servicios de agua, desagüe, de cables eléctricos, telefonía, tránsito, parqueos, colegios y centros de salud". Del mismo modo sostuvo que podía incurrirse en una tugurización o en una violación de las normas técnicas urbanísticas.
Concejos tienen el respaldo jurídico
El artículo 192 inciso 5 de la Constitución reconoce a las municipalidades las tareas de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes.
Además, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce que la Municipalidad de Lima es competente para dirigir el Sistema Metropolitano de Planificación y para formular el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y las reparticiones correspondientes. Asimismo, le corresponde aprobar y normar los distintos procesos de habilitación urbana.
"Hay una intromisión del Poder Ejecutivo"
JULIO CÉSAR CASTIGLIONI, Experto en Derecho Municipal
¿A quién corresponde regular las habilitaciones?
El tema de las habilitaciones, del desarrollo y la zonificación corresponden al gobierno local provincial, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Las normas dadas por el Ministerio de Vivienda no pueden ir más allá de lo que manda la ley. Aquí hay una intromisión del Poder Ejecutivo. Además, la Constitución faculta a los concejos a ser los promotores del desarrollo local.
¿Entonces, esas disposiciones son ilegales?
Esos decretos son ilegales, porque van en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades. Mediante un decreto supremo no se puede modificar una ley.
¿Por qué lo han hecho?
Esa decisión es política, quizá como respuesta a que algunas municipalidades han establecido zonas, donde no se puede construir proyectos de Mivivienda. Lo que quiere el Ejecutivo es sacarle la vuelta a los concejos para que se haga ese tipo de proyectos donde sea.
Municipalidad rechaza los dos decretos que flexibilizan el trámite. Urbanistas opinan que reducir pasos podría promover desorden urbano
Con la intención de promover la construcción de viviendas, en especial en la zona industrial de Lima y Callao (avenida Argentina y alrededores), donde existen 900 hectáreas que pueden ser destinadas para la construcción de 116.000 departamentos, el Ministerio de Vivienda dio dos decretos supremos que reducían la competencia de las municipalidades en los procesos de habilitación urbana. En respuesta, la Municipalidad de Lima acordó, en sesión de regidores del jueves, reiterar mediante una ordenanza que siguen vigentes sus disposiciones que regulan dichos procesos en toda su jurisdicción. Incluso, la directora municipal de Desarrollo Urbano de Lima, Gisell Zegarra, señaló que los dos decretos supremos eran írritos (nulos) porque vulneran el mandato de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, aseguró que no había habido ningún diálogo entre su concejo y el ministerio para modificar la regulación del proceso de las habilitaciones. Explicó que, en contra de lo que establecían las cuestionadas normas del Ejecutivo, no habrá habilitación automática para los predios que están en zonas urbanas, y que el Concejo de Lima seguirá ratificando los procesos de habilitación que aprueben las municipalidades distritales. Asimismo, explicó que el concejo provincial autorizaba las habilitaciones distritales, previo mandato de la zonificación, el cual considera el respeto de las vías y los aportes para ampliar las áreas de los parques y jardines.
ESTÁ DE ACUERDO A LEY
Antes de conocerse la decisión municipal, el viceministro de Vivienda, Guido Valdivia, aseguró que los decretos supremos fueron dados en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, que retiró la facultad a los concejos provinciales de ratificar habilitaciones dadas por las comunas distritales. Asimismo, advirtió que los excesivos trámites en la habilitación desalentaban la formalidad y era una de las causas del crecimiento urbano de muchas ciudades. Sin embargo, una vez conocida la dación de la ordenanza, el Ministerio de Vivienda prefirió no opinar, sino hasta después de consultar con sus abogados.
RIESGO PARA LA CIUDAD
Al margen del enfrentamiento legal entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima, el ex viceministro de Vivienda Luis de las Casas y el ingeniero urbanista Luis Morante advirtieron que las normas del Ejecutivo acarrean un serio riesgo para la ciudad: el del crecimiento desordenado y va en contra del plan urbanístico que puedan tener los gobiernos locales. De las Casas consideró que con los nuevos decretos supremos podrían obtener una habilitación automática terrenos que no cuenten con los debidos procesos de urbanización, servicios adecuados y que no respeten la planificación vial de la ciudad. Prueba de ello, agregó, es que Lima ha crecido sin que se considere un sistema vial eficiente.
Por su parte, Morante consideró que con las normas del Ejecutivo los concejos perdían la facultad de organizar la ciudad. "Yo, como constructor, la habilito y decido la zonificación. Además, hay arquitectos que lo único que piensan es en el edificio grande y bonito y no piensan en que hay que hacer servicios de agua, desagüe, de cables eléctricos, telefonía, tránsito, parqueos, colegios y centros de salud". Del mismo modo sostuvo que podía incurrirse en una tugurización o en una violación de las normas técnicas urbanísticas.
Concejos tienen el respaldo jurídico
El artículo 192 inciso 5 de la Constitución reconoce a las municipalidades las tareas de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes.
Además, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Municipalidades reconoce que la Municipalidad de Lima es competente para dirigir el Sistema Metropolitano de Planificación y para formular el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y las reparticiones correspondientes. Asimismo, le corresponde aprobar y normar los distintos procesos de habilitación urbana.
"Hay una intromisión del Poder Ejecutivo"
JULIO CÉSAR CASTIGLIONI, Experto en Derecho Municipal
¿A quién corresponde regular las habilitaciones?
El tema de las habilitaciones, del desarrollo y la zonificación corresponden al gobierno local provincial, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Las normas dadas por el Ministerio de Vivienda no pueden ir más allá de lo que manda la ley. Aquí hay una intromisión del Poder Ejecutivo. Además, la Constitución faculta a los concejos a ser los promotores del desarrollo local.
¿Entonces, esas disposiciones son ilegales?
Esos decretos son ilegales, porque van en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades. Mediante un decreto supremo no se puede modificar una ley.
¿Por qué lo han hecho?
Esa decisión es política, quizá como respuesta a que algunas municipalidades han establecido zonas, donde no se puede construir proyectos de Mivivienda. Lo que quiere el Ejecutivo es sacarle la vuelta a los concejos para que se haga ese tipo de proyectos donde sea.
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