La obra de la discordia
Se desconoce si el proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Las
Palmas de Gran Canaria tiene previsto un sistema antimisiles,
porque tal y como está la situación, y cuando aún no se ha movido
una sola piedra, no vendría mal encargárselo al Ministerio de
Defensa. Nunca antes una obra pública generó tanta discordia
en esta comunidad autónoma, desde su gestación, hace ya más de
dos años, pasando por su ubicación, su modelo de financiación,
los otros edificios que tendrá que ceder el Ejecutivo para poder
desarrollar ese modelo de pago, y finalmente lo que se hará con
las zonas que en un principio van a quedar libres para prever
el futuro aumento de planta judicial, que rondará el veinte por
ciento de la superficie. Todas estas cuestiones han generado
controversia antes de que en el Colegio Castilla haya la más
mínima muestra de que en ese lugar se construirá uno de los edificios
más emblemáticos de la ciudad, porque, a día de hoy, el Castilla
es lo mismo que fue siempre pero sin alumnos y sin que los servicios
de limpieza le den el repaso diario de lejía a las clases.
Por lo que parece, tras las últimas reuniones mantenidas entre
el Gobierno de Canarias y los distintos colectivos de profesionales
relacionados con la Administración de Justicia, conviene abrocharse
el cinturón de seguridad porque vienen curvas. Y ya la próxima
semana la mayoría de ellos han anunciado una rueda de prensa
para contar lo que piensan que hay tras el Palacio de Justicia.
Cuentan las opiniones más favorables a la actuación del Gobierno
que, quizá, el error de la clase política haya sido suministrar
la información con cuentagotas a los profesionales, que a su
vez se quejan de que la información que se les dio el pasado
viernes ya la han leído en la prensa. "Y para ese viaje no se
necesitan alforjas", dicen, que hay muchas sentencias que poner
como para abandonar el juzgado los viernes a las 12.30 horas
para cambiar impresiones con la Consejería.
Todo parecía muy tranquilo hasta que Marino Alduán, anterior
viceconsejero de Justicia y que conoce al dedillo la letra pequeña
del proyecto del Palacio, se dio cuenta, ávido él, de que en
los presupuestos de la Comunidad Autónoma no venía recogido ni
un solo euro para la obra del edificio. Y saltaron las alarmas.
Primero que se iba a construir con capital privado y utilizando
fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), los que
tengan, confirmado en todos sus extremos el pasado viernes. Después
que la empresa concesionaria se iba a beneficiar de la explotación
del nuevo edificio durante un tiempo que ronda los veinte años
(la información que tiene este periódico es que será por al menos
diez años más), extremo también confirmado el viernes. El tercer
dato que se dio a conocer fue el de que, además de la explotación
del nuevo edificio, el Gobierno cederá el de Granadera Canaria,
también al constructor, para su explotación, y así bajar los
pagos por el arrendamiento. Otro extremo confirmado el viernes.
Y, por último, la cesión también del espacio que quede libre
en el nuevo Palacio.
Mientras, la opinión más coherente la dio una persona que acudió
a la reunión del pasado viernes: "¿Por qué no dejan de convocarnos
para ver si Contencioso 3 va en la quinta o en la séptima planta
de la torre A, B, C, o D y empiezan a construir el edificio de
una vez?".